La Diputación Provincial de Ciudad Real ha planeado mejorar la red provincial de carreteras de su competencia optando por la concesión administrativa de su conservación mediante el arrendamiento operativo.

 

            La principal pretensión de esta administración local es actuar intensivamente durante cuatro o cinco años y abonar el coste de estos trabajos en veinte, para no poner en peligro sus finanzas. A la vez, necesita buscar una fórmula que no impute a sus presupuestos anuales la deuda contraída con las empresas concesionarias.

 

Mediante la concesión administrativa el empresario gestiona el servicio (de conservación de la red de carreteras provinciales, en este caso) a su riesgo y ventura. La Diputación intenta demostrar que las cuatro empresas concesionarias (siguiendo un reparto racional según el criterio territorial) asumen los riesgos de construcción (exceso de coste sobre el presupuestado, defectos posteriores, retrasos penalizables en la construcción,...) y el riesgo de disponibilidad (concretado en sanciones a la empresa por cortes totales o parciales de la carretera sobre la que se esté actuando).

 

La forma de abono denominada arrendamiento operativo da idea de que el diferimiento de pagos en veinte años a las empresas concesionarias no es solo para relajar de deuda sus presupuestos anuales (lo que sería en realidad un arrendamiento financiero que sí se consideraría endeudamiento propio en una cuantía no admitida por la Eurostat –oficina estadística de Unión Europea-) sino porque efectivamente las empresas concesionarias han de ser plenamente responsables del estado de la red de carreteras provincial durante los veinte años de la concesión, con lo que esto conlleva de su mantenimiento óptimo en todo momento de ese período.

 

La Diputación Provincial de Ciudad Real encargó un estudio técnico, económico y financiero para la explotación del Plan Integral de Carreteras de su competencia a la consultora Geocisa que intenta justificar todo lo anterior, sin plantear otras alternativas seguramente también viables, menos costosas y con actuaciones más diferidas en el tiempo que no necesitasen de la forma de contrato ni de pago elegida. Un dato significativo: el estudio apenas menciona que la Diputación Provincial dispone de un Departamento de Vías y Obras con mayor capacidad de actuación que cualquier empresa constructora de carreteras con domicilio fiscal en la provincia de Ciudad Real, y por tanto no se detiene en calcular cuánto tiempo necesitaría este Departamento público por sí solo para acometer todas las actuaciones previstas según su urgencia, y así demostrar sin fisuras la necesidad de la contratación externa. Incluso llega a plantear la construcción de cuatro centros de conservación distribuidos estratégicamente por la provincia que finalmente habrá pagado la Diputación Provincial.

 

La Sección Sindical de CC.OO. en la Diputación Provincial de Ciudad Real tememos, y así lo hemos expresado en la mesa de negociación solicitada al efecto, que mediante esta concesión administrativa la Diputación pretende desmantelar su Departamento de Vías y Obras. Varios hechos fundamentan esta sospecha:

·         Desde 1995 este Departamento apenas ha actuado sobre carreteras de la red provincial, solo sobre caminos municipales. Las carreteras se han reparado mediante contratos administrativos con empresas constructoras privadas.

·         Los presupuestos de la Diputación Provincial de Ciudad Real de los últimos años han recogido unas partidas para este fin muy inferiores a las previstas durante la próxima ejecución del Plan (lo que ha redundado en el deterioro de las carreteras de su competencia, que justificaría ahora la actuación urgente).

·         La oferta de empleo público para este Departamento de Vías y Obras se ha ido reduciendo durante los últimos años.

·         De la plantilla actual, hay categorías que se quedarían sin funciones: delineantes (porque las empresas concesionarias, entre sus funciones, tendrán la de diseñar el plan de expropiaciones, que no son necesarias para la mejora de caminos), ingenieros (en la Diputación de Toledo un solo ingeniero de obras públicas supervisa los trabajos de las empresas concesionarias),... Los trabajadores de las brigadas y equipos pueden tener cada vez menos competencias, a pesar de los 26.000 km. existentes de caminos, puesto que éstos son de competencia municipal.

 

La Diputación Provincial de Ciudad Real pretende ahora recuperar el tiempo perdido por la dejadez de estos años, con la excusa de que cuanto antes se actúe ahora, menor será el deterioro estructural de las vías y menor su coste. Sin embargo, en la sección sindical de CC.OO. estamos convencidos de que el coste económico para los contribuyentes de la provincia va a ser mayor del que se pretende evitar, por el elevado coste financiero de la modalidad elegida de pago. Además, ingenieros propios de la Diputación Provincial opinan que el coste de las obras pueda estar exagerado.

 

La Guía para la intervención sindical ante la externalización de servicios en el ámbito de las Administraciones Públicas editada en noviembre de 2005 como número 13 de la colección “documentos FSAP” sugiere, dentro de las “propuestas de acción sindical”, “recoger información sobre el coste del servicio y hacer estudios comparativos de demuestren que aumentan los costes cuando se externaliza” como una de las medidas preventivas de la externalización.

 

En el caso que nos ocupa, se ha recurrido a un afiliado al sindicato con formación económico-financiera para que proponga alternativas de esta índole y de gestión directa del Plan Integral de Carreteras que sean menos gravosas para los presupuestos de la Diputación Provincial, para el servicio público de conservación de las carreteras provinciales y para los trabajadores que lo prestan.

 

En los siete días que hasta ahora ha podido dedicar a esta labor, ha tenido ocasión de desarrollar las siguientes tareas:

 

·         Primera lectura del Estudio técnico, económico y financiero para la explotación del Plan Integral de Carreteras de la Diputación Provincial de Ciudad Real (en adelante ETEyFPIC) elaborado por la consultora Geotecnia y Cimientos, S. A. por un importe de 197.880 euros (B.O.P. número 99 de 19 de agosto de 2005). Este estudio tiene dos versiones: la primera de octubre de 2006 y la segunda del mismo mes de 2007, de 174 páginas.

·         Reclamación contra el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por Decreto de fecha 7/5/2008 para la contratación por procedimiento negociado de la empresa consultora encargada de la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que servirán para la adjudicación de los trabajos de conservación y explotación de la red de carreteras de la Diputación Provincial de Ciudad Real en régimen de concesión administrativa, por entender que dicha elaboración de los pliegos es tarea exclusiva de funcionarios y porque el ETEyFPIC detalla minuciosamente las actuaciones a realizar y las condiciones de contratación de las mismas, sin necesidad de dedicar otros 25.862,00 euros.

Esta reclamación ha sido desestimada con fecha 11 de junio de 2008. Sin embargo, nos ha permitido ganar el mes del plazo del recurso de reposición para avanzar en el plan de trabajo presente.

·          Elaboración de una guía sencilla de los conceptos presupuestarios que maneja la Diputación Provincial de Ciudad Real para la formación y consulta de los delegados de la sección sindical de CC.OO.

·          Planteamiento de este plan de trabajo a la sección sindical de CC.OO. en la Diputación Provincial de Ciudad Real, en la reunión mantenida el jueves 19 de junio. Recogida de nuevos datos para el trabajo, inquietudes y nuevas tareas a realizar.

·          Conversaciones con trabajadores del servicio sobre las funciones de sus puestos de trabajo que se verían afectadas por la concesión administrativa de la concesión del Plan Integral de Carreteras, sobre cómo se ha venido prestando el servicio por parte de la Diputación Provincial en los últimos años, sobre la indudable calidad superior de las obras realizadas directamente por los trabajadores de la Diputación con sus medios respecto de las contratadas con empresas privadas.

 

De los primeros días de trabajo se obtienen las siguientes constataciones, seguramente matizables tras el trabajo posterior:

 

·          La visión global expuesta al comienzo de este documento.

·          Los beneficios sociales que obtiene el estudio y que justifican la medida son irrelevantes para la opción final por una concesión administrativa: pueden obtenerse igualmente mediante la gestión directa. Además, su valoración, sobre todo los derivados de la reducción del deterioro de los vehículos que circulan por las carreteras, se presta a la subjetividad. Lo verdaderamente objetivo es que las carreteras competencia de la Diputación son un activo socialmente necesario por su uso cotidiano laboral, profesional, turístico, familiar, etc. Este activo hay que mantenerlo en unas condiciones óptimas de seguridad y confortabilidad (concepto que engloba la reducción del deterioro y del consumo de los vehículos, la reducción de tiempos de desplazamiento,…) en equilibrio con los recursos financieros disponibles y con el medio ambiente. Su gestión será eficiente si se obtiene el mismo resultado con el mínimo coste vía presupuestos públicos.

·          El problema que se plantea no es tanto el sostenimiento financiero de la Diputación Provincial seguramente (la inversión anual en el Plan Integral de Carreteras puede no sobrepasar el 15% del total del presupuesto durante 20 años) sino el detraimiento de fondos de otras partidas (por ejemplo, seguridad e higiene, aumento de las retribuciones del personal) por causa de los costes financieros durante ese periodo y, sobre todo, el desmantelamiento del propio Departamento de Vías y Obras de la Diputación Provincial, con lo que esto conlleva de posible amortización de puestos de trabajo, duplicidad de costes del servicio (público y mediante contratación privada) durante veinte años y la entrega definitiva del servicio a manos privadas.

·          El estudio estima unos costes de reparación y conservación que los trabajadores del servicio cuestionan a primera vista dado que tampoco parece que la Diputación Provincial pretenda alcanzar la calidad de las carreteras de competencia autonómica.

 

Nuevas tareas pendientes de realizar:

 

·          Cálculo del coste mínimo de las medidas necesarias para alcanzar la calidad mínima establecida por los técnicos de la Diputación y por los estándares internacionales (anchura de calzada y plataforma, radio mínimo de curvatura, regularidad superficial, adherencia, fisuras, baches, respuesta estructural del pavimento) a partir de:

§  ETEyFPIC

§  Estimaciones de los trabajadores del departamento de vías y obras de la Diputación y de obras públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

§  Contratos anteriores celebrados por la Diputación Provincial con empresas privadas (pendientes de recabar)

 

·          Proyección de costes de la plantilla actual del Departamento de Vías y Obras a veinte años y de la inversión en equipos no amortizada, a fin de conocer el coste duplicado durante los años de concesión.

 

·          Comparativa de costes y condiciones laborales entre la actuación pública y privada, a partir de:

§  ETEyFPIC

§  Relación de puestos de trabajo del Departamento de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Ciudad Real

§  Convenio de la construcción vigente en este ámbito (recabar)

 

·         Según lo anterior, calcular el coste directo para la Diputación de la construcción de los cuatro centros de conservación (y su dotación de plantillas suficientes) previstos durante la concesión, que nunca parecen haber sido necesarios y a partir de ahora sí.

 

·          Comparativa entre los presupuestos anuales anteriores de la Diputación Provincial y su ejecución en el grupo de función 5, “Producción de bienes públicos de carácter económico” y la proyección futura incluyendo la concesión administrativa del Plan Integral de Carreteras, a fin de demostrar la presunta dejadez del servicio en los pasados años (tenemos pendientes de recabar los presupuestos anteriores a 2006 y las ejecuciones hasta 2007 inclusive).

 

·          Cálculo del coste financiero que soportarán las cuatro empresas concesionarias durante los veinte años del contrato y que finalmente recaerá sobre los presupuestos de la Diputación en veinte anualidades.

 

·          Comprobación de la legalidad de la fórmula adoptada (arrendamiento operativo): ¿queda suficientemente garantizado que se transmiten los riesgos a las empresas concesionarias o se trata de un arrendamiento financiero (ilegal según algunos) enmascarado?

 

·          Propuesta de una nueva programación de actuaciones en el tiempo que permita una financiación sostenible y legal intrapresupuestaria con menor coste financiero, a partir de la urgencia de las actuaciones que puedan establecer los técnicos del Departamento de Vías y Obras o la que establecieron en una propuesta anterior de Plan Integral de Carreteras que ellos elaboraron hace unos años.